Demoler o no demoler

Contingencia

Julio Poblete, La Tercera

Probablemente se informaron hace algunas semanas de la polémica por la reciente resolución del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, la cual establece la demolición de cerca de nueve pisos de una torre de 19 ya construida. Asimismo, y aun cuando desde el municipio se afirma que otra torre ya habitada, así como la sede de la Universidad San Sebastián, también se encontrarían fuera de la ley, éstas no serán demolidas en atención y deferencia hacia sus habitantes y estudiantes, respectivamente. 

Organizaciones sociales y juntas de vecinos habrían hecho presentaciones a la Contraloría General ya el 2010, cuestión que aún no estaría resuelta. Por su parte, los abogados de la inmobiliaria precisan que fue un permiso otorgado entre el 2007 y 2008, donde gran parte de las obras ya están recibidas, y que dado ese derecho adquirido y la buena fe al obtenerlos, éstos debiesen ser respetados.

Más allá de lo controversial del hecho y de la opinión personal que uno pueda tener sobre las posturas encontradas, creo que la cuestión relevante no está en si se demuelen o no las torres. Considero de la mayor preocupación el daño que la incertidumbre jurídica, implícita en estos casos, genera en la sociedad, ya sea público y privado, autoridades y ciudadanía.

Nuestras acciones deben enmarcarse dentro de los cánones y reglas que como sociedad nos hemos autoimpuesto. Ello asegura la custodia del bien común, así como de nuestros deberes y derechos individuales. Por otra parte, toda actividad, ya sea de gobierno, administración, industrial, de negocios o de cualquier especie, necesita de reglas claras y estables para poder desenvolverse adecuadamente. Lo que vemos en este caso es que estas reglas (leyes, ordenanzas, planes reguladores, etc.) no han sido suficientes -aparentemente- para salvaguardar el bien público, ni tampoco para resguardar el emprendimiento privado.

Los planes reguladores, llamados a fijar las reglas del juego para generar condiciones adecuadas de habitabilidad y convivencia en la ciudad, no estarían a la altura de asegurar su cometido, así como los derechos obtenidos al amparo de dicho plan regulador no tendrían la solidez requerida. Vemos cómo la autoridad ve amenazado el bien público, así como el particular ve mermado su bien privado.

En este caso, se suma a la incertidumbre sufrida por ambas partes, que el paso del tiempo haya permitido que exista huella física de algo que para unos es ilegal y para la otra parte legítimo. El actuar fiscalizador debiese, entonces, ajustarse a tiempos más precisos y cortos, para no verse sobrepasado por los hechos antes de tener que resolver y retrotraer situaciones ya consumadas. 

Tomando la distancia necesaria del caso, y esperando que éste se resuelva en justicia por quienes corresponda, no puedo dejar de reiterar la importancia de que seamos capaces de sacar las lecciones necesarias para que estas situaciones no se repitan. Certidumbre jurídica y accionar fiscalizador en el momento y circunstancias precisas son los elementos que mejor cautelan el bien común y los emprendimientos privados. La demolición o no es sólo un síntoma de que algo anda mal.

Link: http://www.latercera.com/noticia/opinion/ideas-y-debates/2014/08/895-589660-9-demoler-o-no-demoler.shtml

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