Un nuevo trato impostergable

Contingencia

Agustín Squella, El Mercurio

Nuestro sistema de educación superior ha constituido más una preocupación que una prioridad para los poderes del Estado que tendrían que intervenir en su reforma, y la mejor prueba de ello es que 15 de las 16 universidades estatales continúan regulándose por estatutos impuestos por el gobierno militar que las intervino y puso en ellas a rectores delegados.

En educación superior se dispone ya de suficientes diagnósticos y proposiciones. La primera Comisión pública al respecto data de 1990, mientras que la última entregó su informe en 2008. Sin embargo, es muy poco lo que se ha avanzado para pasar de las propuestas a las decisiones. Tratándose de educación superior, los diagnósticos y las propuestas han recorrido ya un largo camino y alcanzado un estimable espesor, algo que no puede decirse de las decisiones que tienen que ser tomadas en sede gubernamental y legislativa. La paralización de tales decisiones es producto de la diversidad de intereses y de las contradictorias visiones que tienen los distintos actores institucionales. Sin embargo, gobiernos y parlamentos no deberían eludir las decisiones sólo porque no existe acuerdo en el contenido de éstas. Gobernar es decidir, y si la democracia opera con la regla de mayoría, no queda más que aplicarla cuando el acuerdo no resulta posible.

Tratándose de universidades del Estado, la demora en adoptar políticas y decisiones ha sido mucho más evidente. Tan evidente como inexcusable, puesto que se trata de instituciones del propio Estado, respecto de las cuales éste debería permanecer menos indiferente. Y si lo que esas universidades piden hoy al Estado es un nuevo trato, o sea, un acuerdo acerca de derechos y deberes recíprocos, vea usted cómo el solo hecho de demandar eso, y no, de entrada, un trato preferente, produce una inmediata e iracunda reacción de parte de establecimientos no estatales que muchas veces no pasan de ser negocios educacionales orientados al enriquecimiento de sus dueños y a los que el Estado no tendría por qué apoyar con recursos públicos. El argumento de que la provisión de un bien público como la educación debe ir acompañada necesariamente de financiamiento estatal podría llevar al absurdo de reclamar este tipo de financiamiento para panaderías, farmacias, y hasta funerarias, que también suministran bienes de incuestionable interés público.

Chile es un país tan raro que sólo aquí es preciso argumentar a favor de un trato preferente del Estado hacia sus propias universidades. Preferente, decimos, y no excluyente, porque un trato de ese tipo no tiene por qué significar desatención de las instituciones privadas de educación superior. Un trato preferente que se fundamenta no sólo en la propiedad de las universidades estatales y en la efectiva ausencia de fines de lucro, sino en la circunstancia de que ellas son las que garantizan un espacio público para el pluralismo en la educación superior, pluralismo que si para las universidades privadas constituye una opción, para las estatales importa un deber.

El Presidente de la República se ha mostrado dispuesto a concordar un nuevo trato con las universidades estatales, aunque resta por verse si se llegará o no a un trato preferente. Por lo mismo, cabe esperar que las restantes universidades no se pongan en pie de guerra por el solo hecho de que el Estado y sus universidades se apresten a sentarse a una misma mesa para debatir seria y lealmente los términos de existencia y funcionamiento de 16 planteles tan indispensables para el desarrollo del país como para la subsistencia de un pluralismo que universidades privadas a la medida de los intereses económicos o confesionales de sus dueños, como es el caso de la mayoría, no están en posición y ni siquiera en ánimo de satisfacer.

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