Un Bicentenario para la Universidad de Chile

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Fernando Lolas, El Mercurio

En la educación superior chilena pueden distinguirse etapas: la conventual, representada por las universidades de dominicos y jesuitas, entre 1622 y 1748; la monárquica, con la Universidad de San Felipe, entre 1748 y 1813, y la republicana, entre 1813 —fecha de fundación del Instituto Nacional— y 1888, en que se funda la Universidad Católica. Hoy agregaríamos la etapa de privatización, o de coexistencia de lo estatal y lo privado, a partir de 1981. Las universidades católicas y otras no estatales se fundamentan en la libertad de enseñanza. Ni el Estado ni un grupo confesional debieran monopolizar la educación superior.

Como señala la historiadora Sol Serrano, la Universidad de Chile significó un elemento civilizador único. Concretó iniciativas culturales y de servicio público que demandaba la naciente república. Manifestación de la mentalidad ilustrada de una élite consciente de sus aspiraciones de futuro, esta universidad acogió, como quería su fundador, Andrés Bello, todas las manifestaciones del espíritu, que D’Alembert resumía en memoria, razón e imaginación. El personaje que más contribuyó a delinear su fisonomía histórica fue el profesor universitario. Los trastornos del tardío siglo XX lo redenominaron “académico” y su productividad intelectual sentó las bases de las ciencias, del derecho, de las artes y de las tecnologías. La nación ilustrada se forjó en sus claustros y en sus aulas. Sus innovaciones y adelantos se hicieron entraña de la patria.

No fue, en sus comienzos, palanca de ascenso social ni institución que brindara certificaciones para el trabajo en la sociedad chilena. Como superintendencia, elaboró y supervisó los lineamientos de un sistema perfectible. Como academia, inició el estudio de la historia nacional y fue cuna del pensamiento científico. Como institución docente, contribuyó a dignificar las profesiones, introdujo nuevas ideas y orientó la política educacional durante lustros.

Desde su instalación, en 1843, la libertad de enseñanza y la libertad laboral se fundieron con el problema de financiar una institución estatal cuya necesidad debía demostrarse. Ya en su primera década hubo voces que desearon suprimirla y otras que abogaron por reducir sus recursos. En nombre de esas libertades, y a propósito de los exámenes exigibles para el ejercicio profesional, se sugirió que cualquier institución debidamente acreditada podría realizar sus tareas, con igual o superior eficiencia. Esos viejos debates novecentistas persisten hasta hoy. No sorprende que hayan adquirido una mayor intensidad a tenor de los cambios en lo que se consideran obligaciones del Estado o derechos de sus ciudadanos.

Se ha consolidado la idea de que la educación, en todos sus niveles, es condición fundante de la democracia, el progreso y el bienestar económico. Ha surgido la noción de que algunas etapas de la educación producen más bienes privados que otras. Por ejemplo, un título universitario tiene garantía de empleabilidad mayor que una licencia secundaria. El mercado laboral valorará en forma distinta ambos logros y creará desiguales oportunidades. El gasto en educación superior es inversión familiar y personal, cuyos beneficios no son solamente sociales, sino también personales. Este modo de pensar no es universal, pero se ha impuesto en los hechos y cualquier reforma debe considerarlo. El contenido y la amplitud de una reforma pasan por una preocupación desde el gobierno en su dimensión de Estado y no de simple administración.

La historia de la Universidad de Chile muestra avatares predecibles e impredecibles, comprensiones e incomprensiones. En la tensión entre Estado y mercado no ha recibido de la dirigencia política señales inequívocas. Libertad de enseñanza y de trabajo, solvencia para acreditar estudios y competencias, tareas irrenunciables de importancia nacional, competencia interinstitucional justa son solamente algunas áreas en las que la dirección política, a la cual la ley asigna el patronazgo de esta institución, todavía debe planteamientos y opciones. En el Bicentenario de las ideas emancipatorias y en el albor de un gobierno que hereda una institución señera de la vida republicana sería concebible esperar una respuesta acorde con la tradición, con la historia y con el futuro. No solamente en lo relativo a los medios, materia de gerencia eficiente. También respecto de los fines, que la nación chilena tiene derecho a formular, concordar y perseguir con medios apropiados a la dignidad del cometido. Al fin de cuentas, la Universidad de Chile no es una universidad más. Es más que una universidad.

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