Maldita PSU

Contingencia

Luis Larraín

 

Doscientos cincuenta mil jóvenes rindieron este año la PSU, y esta semana muchos de ellos recibieron una mala noticia: no quedaron admitidos por alguna universidad, o bien no pudieron acceder a la carrera que querían estudiar. Para algunos, los más pobres, el futuro de toda una familia dependía del puntaje del joven que rendía la prueba, y en esos hogares se viven con especial ansiedad las horas previas a la entrega de resultados. Por eso alegran tanto los casos, excepcionales, en que estudiantes de escasos recursos económicos alcanzan un gran rendimiento y pueden ingresar a las carreras más demandadas de las mejores universidades del país.

Es que la educación es el más efectivo mecanismo de movilidad social que existe. La movilidad social es algo deseable en una sociedad. Es bueno que la mayor cantidad posible de gente tenga acceso a las posiciones de mayor relevancia en las empresas e instituciones del país, y la universidad es el vehículo por excelencia para lograrlo. Así progresan más los países, cuando las oportunidades están disponibles para la mayoría.

En Chile, el rol de la universidad como vehículo de movilidad social es doblemente importante. Desgraciadamente, la calidad de la educación media en nuestro país es muy mala, de modo que la verdadera diferencia está dada por la universidad. Quienes egresan de ella aumentan, en promedio, más de tres veces sus ingresos. Así, en términos económicos, la rentabilidad privada de la educación superior es altísima; mientras que la rentabilidad privada de la educación media es casi nula. Quienes terminan cuarto medio apenas incrementan sus rentas en relación con los que no lo hacen. La universidad es la tabla de salvación para miles de jóvenes que se juegan su futuro en sus aulas, o en la antesala de ellas.

Pero la PSU es un instrumento que atenta contra la movilidad social. Y es que cuando hace siete años el gobierno de Ricardo Lagos decidió reemplazar la Prueba de Aptitud Académica (PAA) por la Prueba de Selección Universitaria (PSU), determinó que miles de jóvenes de origen modesto vieran frustrados sus sueños de llegar a la universidad. Una decisión más del Estado contra los ciudadanos, que se tomó sin considerar la opinión de muchos expertos que auguraban que la PSU, al centrarse en los contenidos y no en la aptitud de los alumnos, iba a favorecer a los egresados de colegios particulares que tenían mejor preparación para la prueba. Y no es que lo diga solamente yo, o Harald Beyer, experto educacional del CEP, quien ha llegado a la conclusión de que el reemplazo de la PAA por la PSU ha acrecentado las brechas entre los alumnos de la educación particular y los de la educación municipal. También lo sugiere un estudio realizado el año 2009 por el Banco Mundial y la OCDE; sí, la misma organización a la que nos esforzamos tanto en llegar y cuya membresía le quitó el sueño al ministro de Hacienda Andrés Velasco. Dicho estudio sugería un sistema de selección que incluyera una serie de instrumentos más amplios, que mida no sólo contenidos, sino también la capacidad de razonar, aplicar y adquirir nuevos conocimientos. Un poco lo que hacía la vieja PAA y las Pruebas Específicas, que durante treinta y seis años sirvieron para seleccionar a los alumnos que ingresaban a las universidades chilenas.

Gracias a la reforma universitaria de los años ochenta, que permitió la creación de universidades privadas, el acceso a la educación superior en Chile ha tenido un aumento explosivo en los últimos veinte años. De 131 mil estudiantes universitarios el año 90, de los cuales el 85% estaba en las universidades del Consejo de Rectores, pasamos a 320 mil el año 2000, donde ya sólo un 66% estudiaba en las universidades tradicionales y un tercio en las nuevas casas de estudios superiores privadas. El año 2008, el total de alumnos universitarios llegó a 546 mil y el 46% de ellos pertenecía a planteles privados.

Lástima que este tremendo esfuerzo que responde a las ilusiones y anhelos de cientos de miles de familias chilenas, se vea empañado por la mala decisión de reemplazar la PAA por la PSU, prueba que desfavorece la opción de los estudiantes de familias más modestas.

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